Foto: Lautaro

OLLANTA Y LA DISCRIMNACIÓN LABORAL JUVENIL

    Después de haber sido aprobado en el pleno del congreso la Ley del Régimen Laboral Especial Juvenil, propuesto por el ejecutivo, con el objeto de reactivar la economía, en la puerta central de la UNT se realizó el día de ayer un conglomerado de estudiantes de diversas facultades para protestar en contra de la promulgación de la citada norma.

    Desde tempranas horas los jóvenes, entusiastas en principio, estuvieron elaborando carteles, con mensajes y eslóganes reaccionarios, tales como “No al régimen laboral juvenil”, “Ollanta traidor”, “El cuello de los jóvenes a cambio de los bolsillos del empleador”, los cuales, a su vez, expresaban rechazo y desacuerdo con estas medidas draconianas que el actual gobierno busca implementar.

    Tal es así que, en una marcha pacífica, sin mayores sobresaltos, la voz de la población trujillana llegó hasta la plaza de armas para, minutos más tarde, debajo de la estatua de la libertad, establecerse y dar la cara a la prensa. Se unieron a la causa alumnos de otras casas de estudios, tales como la UPAO, a los que muchos identificaron como apristas. No obstante, fueron los ciudadanos independientes quienes mejor explicaron el meollo del asunto, exponiendo un discurso claro, coherente y menos politizado.

    Este tipo de iniciativas legislativas debieran caerse por su propio peso, de acuerdo a su naturaleza inconstitucional, ya que vulnera derechos económicos y sociales, toda vez que estos están prescritos y reconocidos en nuestra Carta Magna. El artículo 23 de nuestra Constitución Política, señala, en el tercer párrafo: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Así mismo, el artículo 24 del mismo cuerpo legal, refiere, en el segundo párrafo: “El pago de la remuneración y de los demás beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador”. Se entiende, pues, que las demás leyes, de inferior jerarquía, deben ajustarse a ciertos parámetros de orden constitucional.

    El Estado tiene por finalidad la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad; propósito ulterior que, paradójicamente, con este nuevo régimen se pretende una vez más afectar, dando cabida a un capitalismo salvaje donde el hombre es el lobo del hombre. Con un discurso simplón, incapaz de convencer a un ciudadano consciente, se afirma que, de aplicarse semejantes medidas, empleador y trabajador son las partes que ganan. Nada es más falso y demagógico. Quien pierde es el individuo. Y quien gana, sobremanera, discriminando y explotando, es el empleador.

    La falta de experiencia de las nuevas generaciones no puede ser motivo de discriminación laboral. Al contrario, toda la fuerza de trabajo, concebida en la capacidad física e intelectual de los jóvenes, conjuntamente con el capital económico, deben conjugarse en virtud de la producción y distribución de la riqueza, donde se garanticen los derechos laborales con igualdad de condiciones. Sea este, pues, motivo para el despertar de la modorra juvenil y acercarse cada vez más a los valores que verdaderamente nos importan, en un marco de participación ciudadana, donde la libertad y la igualdad constituyan las bases de la justicia en un Estado Constitucional de Derecho.